Por Christian Rodrigo Pérez Gutiérrez*

Por muchos años los campesinos de nuestro país se han encargado de sembrar y cultivar los alimentos de nuestra dieta. Por muchos años ellos se han dedicado a la tarea de producir el arroz, la papa, las verduras, el café y la leche, entre muchos otros que conforman una extensa lista.

Con ideas equivocadas como la de estar en capacidad de competir de igual a igual con potencias económicas y la creencia de que lo más importante para la economía del país era mejorar la balanza comercial, se empezaron ya hace unos años las negociaciones de los mal llamados Tratados de Libre Comercio (TLC), aun cuando varios llamaron la atención sobre el perjuicio que causaría a amplios sectores productivos del país.

Mal llamados TLC porque no tienen nada de libre y porque evidentemente es desigual competir con potencias económicas. Mientras EEUU y la UE tienen subsidios, investigación, vías y acceso real al crédito en el sector agropecuario, en Colombia hubo un programa como Agro Ingreso Seguro (AIS), que es recordado por no reflejar sus bondades en el mediano productor y mucho menos en el pequeño productor campesino.

Defensores de los TLC han tratado de librar de culpas a estos tratados con algunas estadísticas descontextualizadas. Han dicho, por ejemplo, que las importaciones de leche solo han aumentado el 3% y que esta cifra equivale a la demanda nacional de unos pocos días. Los defensores de los TLC olvidan dos realidades. La primera realidad es que el problema no solo es la leche importada, los problemas también son los lacto-sueros, la leche en polvo, el contrabando y una tasa de cambio reevaluada que permite oferta de productos extranjeros por debajo de los precios de producción nacional. La segunda realidad hace referencia al elevado costo de los insumos agropecuarios, el estado de la infraestructura vial, pocos distritos de riego, mínima investigación y mínimo acceso a crédito agropecuario.

¿Pero por qué proteger la producción agropecuaria nacional?

En primer lugar, por seguridad alimentaria, es decir por tener disponibilidad de alimentos en todo momento. Depender de la producción agrícola extranjera nos condiciona a mayores fluctuaciones de precios y a la voluntad de otros países de vendernos o no vendernos alimentos en escenarios de baja producción agrícola. Recordemos que hace cinco años hubo escasez mundial de arroz, y en Colombia no sentimos sus efectos gracias a nuestra producción.

En segundo lugar, por el costo del conocimiento. En Casanare – por mencionar un ejemplo –, uno de los departamentos con mayor producción de arroz del país, se siembra este cereal desde hace 40 años, los cultivadores ya conocen todas las variables de este cultivo y en muchos casos la están trasmitiendo a sus hijos y nietos.

Obligarlos a cambiar de cultivo debido a los efectos del TLC implica volver a empezar a aprender y significa un retroceso de 40 años para buena parte de la economía agrícola de esta región.

Ahora el reto del gobierno nacional es renegociar los TLC – ojalá suspenderlos –; diseñar mecanismos de regulación de precios de los insumos agrícolas, programas de fortalecimiento agropecuario que lleguen al pequeño y mediano agricultor – y NO a las cuotas clientelistas como sucedió con AIS –; poner en marcha planes de mejoramiento y pavimentación vial, control efectivo al contrabando de alimentos y cambio en la política monetaria que permita una tasa de cambio competitiva.


*Christian Rodrigo Pérez Gutiérrez - Concejal, Ciudad de Yopal - @rodrigo_perez83