Por: Oscar Vanegas Angarita*

Por primera vez en la historia de la industria petrolera colombiana, con solo el antecedente sobre minería en el municipio de Piedras (Tolima), el pueblo se manifestará libre, directa y democráticamente sobre la exploración y explotación de hidrocarburos en el municipio de Tauramena (Casanare), gracias al aval que dio el Tribunal Administrativo de dicho Departamento en su examen de constitucionalidad a la consulta popular que pretende convocar su alcalde, haciendo uso del mecanismo de participación ciudadana contemplado en el artículo 105 de la Constitución Política.

En particular la consulta popular, que posiblemente se realice el próximo 8 de diciembre, será sobre la exploración y explotación de hidrocarburos en el bloque ODISEA, una zona declarada por el Concejo Municipal como reserva hídrica por ser la fuente de agua para ese y otros 4 municipios. La pregunta que se someterá a consideración del pueblo en Tauramena será: “¿está usted de acuerdo con que se ejecuten actividades de exploración sísmica, perforación exploratoria, producción y transporte de hidrocarburos, en las veredas San José, Monserrate Alto, Monserrate la Vega, Guafal del Caja, Bendiciones, Visinaca, Lagunitas, Aguamaco, Zambo, Oso y Jaguito, donde se ubica la zona de recarga hídrica del municipio de Tauramena?”

No me imagino el impacto que generará sobre la industria petrolera colombiana un NO ganador en esta consulta. Discutir sobre las consecuencias amerita otra columna.

Pero si vale la pena analizar la problemática social y ambiental actual que está generando la industria, pues para continuar con su desarrollo, los inversionistas y las empresas operadoras y contratistas deben articular sus actividades con buenas prácticas, propendiendo por la efectividad en la protección del medio ambiente y más generalmente por el logro de los objetivos constitucionales en la materia.

De lo contrario, la industria corre el riesgo de ser paralizada por las comunidades o la justicia, pues en los últimos años han ocurrido cientos de conflictos con las comunidades y sendos fallos en contra, limitando o impidiendo actividades que eran rutinarias para la industria.

Cabe destacar el fallo del mismo Tribunal contra la empresa Cepcolsa, quien tuvo que suspender la perforación del pozo Chirinola 1 en Aguazul (Casanare), producto de una acción popular; la suspensión actual por más de 300 días, por bloqueo de las comunidades, de los trabajos de perforación por parte de Ecopetrol S.A. en el pozo Lorito 1, en el municipio de Guamal (Meta); y las multas de miles de millones de pesos que ha tenido que pagar Ecopetrol S.A., Petrominerales, Occidental de Colombia, entre otras compañías operadoras; todas relacionadas con daños a cuerpos de agua, aljibes, acuíferos y nacederos, como consecuencia de actividades como la sísmica con explosivos, derrames y sumideros de crudo, vertimiento de aguas residuales, reinyecciones a acuíferos potables subterráneos y, en general, a malas prácticas de la industria que afectan el medio ambiente.

Desde este espacio busco concientizar la industria petrolera de generar una cultura proteccionista de las reservas de agua superficial y subterránea de baja salinidad, buscando la aprobación de políticas, leyes y normas que mitiguen o eviten los impactos ambientales, tales como el cero vertimientos de aguas residuales y su reinyección al yacimiento, y el no uso de explosivos para la exploración sísmica en áreas de especial importancia ecológica, por ser zonas sensibles ambientalmente por su alto nivel freático, su riqueza hídrica o, por ser fuente activa o potencial de este recurso natural vital.

*Ing. de Petróleos. Presidente del Orseme.