Por Leonardo Puentes*

Muy a pesar de lo que pienso del gobierno de la ‘prosperidad para todos’ estoy convencido de que la apuesta por ponerle punto final a un conflicto que se ha prolongado por más de medio siglo nos debe comprometer a todos.

Buena parte del atraso y la barbarie social de nuestro país se genera a causa de la guerra, una guerra sanguinaria y crónica protagonizada por unas guerrillas anacrónicas y por múltiples gobiernos incapaces de interpretar el sentir de un pueblo que reclama justicia social, oportunidades y la posibilidad de vivir tranquilamente en un territorio tan maravilloso como maltratado.

De manera sorprendente el gobierno que nos acerca a la añorada PAZ de Colombia, es el mismo que está promoviendo una reforma a la salud que no reforma en nada el perverso esquema de intermediación y continúa desconociéndole el carácter de derecho fundamental a la salud de los colombianos.

Se trata del mismo gobierno que permitió la apropiación de miles de hectáreas de baldíos por parte de un conglomerado empresarial asesorado por sus ex funcionarios; del mismo gobierno que estuvo a punto de reformar la justicia para hacer concesiones a congresistas cuestionados en asocio con la Rama Judicial; del mismo gobierno que estuvo a punto de modificar el espíritu del sistema de educación superior colombiano para definirlo como una actividad con ánimo de lucro, es decir, volver el ‘negocio’ más lucrativo y excluyente de lo que ya es.

El mismo gobierno que mantiene la unidad nacional con la mermelada de las regalías, que permitió poner rieles a la locomotora minera en páramos, bosques, humedales y sabanas, y al que le estalló en las manos la olla a presión de más de 20 años de entrega del sector agropecuario en nombre del libre comercio, es el gobierno que hoy hace acuerdos con la guerrilla de las FARC para cerrar un inaceptable e insostenible capítulo de guerra entre nuestros hermanos.

Y a pesar de todos estos terribles síntomas de neoliberalismo y continuidad en las políticas que han profundizado la exclusión y la inequidad en Colombia, debo manifestar mi absoluto respaldo al proceso y a los acuerdos hechos hasta este momento en la Habana; tanto en materia de tierras como el avance logrado la semana anterior en materia de participación política.

Por difícil que pueda parecer a muchos, uno de los elementos naturales de la negociación debe ser abrir las puertas de la democracia a aquellos que decidieron irse por el camino de las armas. Los acuerdos logrados significarían la materialización del frustrado Estatuto de Oposición que el país lleva esperando dos décadas, el reconocimiento de movimientos sociales con posibilidades reales de participar en política sin el veto del umbral y la obligación de hacer parte de las maquinarias partidistas tradicionales. Celebro estos avances y espero que los próximos puntos, narcotráfico y extradición, permitan abrir el camino hacia el destierro definitivo del flagelo que más daño le ha hecho a Colombia.

ADENDA: El eslogan del actual gobierno, ‘Prosperidad para todos’, no deja de transportarme al memorable gobierno de Casanare que llegó ‘pensando en todos’ y terminó untándole a algunos pocos el último frasco de ‘mermelada’ que tuvimos. Lo irónico es que algunos ilustres miembros de esa histórica Asamblea hoy se perfilan como firmes candidatos a los principales cargos de elección del departamento. Ejercicio de memoria para tener en cuenta en la víspera de nuevos procesos electorales.

*Concejal de Yopal