El concejal de Paz de Ariporo, Cristhian Vega advirtió públicamente que la próxima actualización rural del catastro multipropósito, que comenzará en mayo, podría generar serias afectaciones para los campesinos del municipio, especialmente en veredas que hoy enfrentan conflictos limítrofes.

Vega señaló que esta actualización, lejos de representar un avance, es el resultado de promesas de campaña incumplidas. “Hoy no quiero satanizar el catastro, pero sí dejar claro que quienes en campaña dijeron que no se cobraría hasta resolver el catastro urbano, hoy usan ese mismo catastro para proyectar endeudamientos del municipio”, expresó al referirse a las promesas de campaña incumplidas por el alcalde Jorge Camilo Abril Tarache.

El cabildante reveló que el IGAC ya notificó que en mayo iniciará trabajos en Paz de Ariporo y que desde el 1 de enero de 2026 comenzará el cobro de la actualización rural a los finqueros. “Nuestros campesinos pagarán los efectos de una promesa electoral”.

Además, denunció un grave conflicto limítrofe que afecta a las veredas La Bendición, Carrastol y Sabanetas, cuyos predios han sido registrados como parte de Hato Corozal, debido a cambios en el cauce del río Ariporo y la interpretación de coordenadas por parte del IGAC. Esto implica que, pese a considerarse parte de Paz de Ariporo, estas comunidades deberán pagar tributos a otro municipio.

Vega reconoció la voluntad de la alcaldesa de Támara, Tatiana Piraban, para resolver el conflicto y destacó el trabajo de su secretario Antonio José Esteban. Sin embargo, criticó la falta de disposición de la administración de Paz de Ariporo, que solo ha asistido a una de las tres reuniones de socialización convocadas.

El concejal también anunció que, junto a otros miembros del Concejo y la comunidad, iniciarán acciones de nulidad contra las resoluciones que afectan a los campesinos y propietarios rurales. No obstante, advirtió que estos procesos judiciales podrían tardar, agravando el malestar social. “Ya se habla de posibles bloqueos por la inoperancia de la administración para sostener el estatus quo y proteger los derechos de las comunidades”, concluyó.