Durante el debate de tierras que se adelanta en el Congreso sobre tierras y predios baldíos, el representante Wilson Arias, aseguró que la familia Eder adquirió tierras baldías a narcotraficantes y despojadores en el departamento del Casanare.

“La familia del actual alto consejero presidencial para la reintegración, Alejandro Eder, adquirió esas tierras baldías a actores de la guerra, en particular a Oscar de Jesús López Cadavid, quien fue condenado por narcotráfico y por conformar grupos paramilitares”, aseguró Arias.

Puntualizó que para adquirir esos predios “se hizo ni más ni menos que una convergencia criminal para que esas tierras luego terminaran en manos del grupo Manuelita de la Familia Eder”.

Según el congresista del Polo Democrático, el grupo vallecaucano Manuelita a través de empresas pertenecientes a éste, se habría comprado al menos 17.700 hectáreas en Orocué Casanare, en predios baldíos adjudicados inicialmente a campesinos.

Aseguró que en la tradición de los predios, aparecen Gelber Mauricio Oicata Morales, conocido testaferro de alias “El Loco” y de “Cuchillo”, al igual que Oscar de Jesús López Cadavid, ex gobernador y ex Representante a la Cámara, condenado por concierto para delinquir y conformación de grupos paramilitares. Estos habrían vendido a nombre propio y a través de empresas varios de estos predios a las compañías Aceites Manuelita S.A. y Hacienda San José, empresas de propiedad de la familia Eder del Valle.

“A los casos ya denunciados de acumulación de baldíos y violación a la ley 160, se suma éste, en el que se ven involucrados agentes de la mafia y el paramilitarismo con prestantes familias de empresarios, hechos que pongo en conocimiento de las autoridades competentes para que procedan con su investigación”, señaló el Representante Wilson Arias, quien agregó que “la Ley Urrutia que prepara Santos, no puede pretender legalizar tales compras o favorecer a grandes emporios, o a empresarios que se hicieron a tierras adquiridas por actores que desalojaron campesinos mediante una convergencia criminal”.

Desde la época de los finales de los 80’s “la familia Eder se instala en la zona, conoce el medio que los rodea y conoce a los empresarios. Yo dudo mucho que no haya podido que esas tierras hacían parte de sucesos tan lamentables de violencia”.

Dijo ante la plenaria de la Cámara que “por eso debemos rechazar cualquier ley que legalice esos predios”, y pidió por último que esas tierras deben ser devueltas a la Nación para que se les devuelva a sus dueños que son las victimas campesinas del Casanare.

VINCULAN TAMBIÉN A LA MINISTRA DE EDUCACIÓN

En dicho debate sobre tierras y predios baldíos el congresista Iván Cepeda, del Polo Democrático, rechazó los mecanismos de despojo y de adjudicación y acumulación fraudulenta de predios en varias regiones del país que han denunciado otros congresistas del Polo Democrático, como el Senador Jorge Enrique Robledo.

El congresista Cepeda expuso un caso que busca evidenciar el proceso de reacumulación de baldíos para el usufructo de un proyecto agroindustrial de caucho, originalmente destinados para el campesinado. Habló puntualmente del caso de la ministra de Educación, María Fernanda Campo y diferentes miembros de su familia, quienes constituyeron Sociedad por Acciones Simplificadas para comprar baldíos adjudicados en Vichada, siendo en ese momento presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Afirmó Cepeda en el debate en la Cámara que aunque no se configuraría una ilegalidad porque cada Sociedad por Acciones Simplificadas compró una Unidad Agrícola Familiar sin sobrepasar lo permitido por ley, se cuestiona que una misma familia cree varias de esas figuras para realizar dichas compras y luego ponga esos predios al servicio de un solo proyecto agroindustrial de 25.000 hectáreas de la empresa Indupalma, cuyo gerente es el ex esposo de la ministra Campo, Rubén Darío Lizarralde.

“El Estado colombiano ha ejercido una política dual frente a los habitantes rurales. Por un lado, está la mezquindad y la exclusión hacia el campesinado, que se refleja especialmente en las políticas de acceso a la tierra y en los mecanismos utilizados para alcanzar el desarrollo rural, y por el otro, el favorecimiento desmedido, en algunos casos ilegal, a latifundistas y empresarios”, declaró Cepeda.

El legislador apoyó la iniciativa del representante Wilson Arias, de pedirle al presidente Juan Manuel Santos que revele los conflictos de interés de todos los funcionarios y aliados del Gobierno que han acumulado tierras, que constitucional y legalmente son para campesinos, así como concluir los procesos de constitución de las Zonas de Reserva Campesina que están en trámite.

Del mismo modo, advirtió que a raíz de estos cuestionamientos, el Gobierno Nacional debe abstenerse de presentar el proyecto de la llamada Ley Urrutia al Congreso.

Con respecto a las Zonas de Reserva Campesina, los congresistas del Polo argumentaron que “las objeciones que se han presentado frente a dicha figura que busca proteger la territorialidad y la economía campesina, no tienen fundamento teórico ni empírico”.

Para Cepeda, las Zonas de Reserva, que en su mayoría se encuentran ubicadas en fronteras agrícolas, son una oportunidad de democratizar el campo, llevar el Estado y la paz a las regiones, ordenar la propiedad, y evitar su concentración bajo el desarrollo de la economía campesina.