Narda Consuelo Perilla Alonso, directora de la Oficina de Vivienda, entregó ayer informe de su gestión a la Asamblea Departamental.

Perilla Alonso, dio a conocer el trabajo que se viene realizando para reorganizar esta dependencia que recibió en un estado lamentable, según afirmó.

El incumplimiento en los planes habitacionales de interés social que comenzaron hace más de cinco años es latente en convenios suscritos con empresas como Luna Roja y Molinos de Viento que recibieron los anticipos del departamento, pero no construyeron las viviendas.

Algunos contratistas hasta falsificaron las pólizas de las compañías aseguradoras, agregó la funcionaria.

Se firmaron convenios por $ 114.000 millones de pesos que en su mayoría no se cumplieron, enfatizó.

La directora de la Oficina de Vivienda, indicó que se están haciendo esfuerzos para liquidar varios de esos convenios, por incumplimientos de parte del ejecutor.

Esta medida tiene como finalidad liberar los recursos que se habían destinado para estos programas. En total son 40 convenios a los cuales se les ha girado en promedio el 50 por ciento del valor del proyecto y en algunos casos no se ha ejecutado ni siquiera el valor del anticipo.

Esta situación no sólo se circunscribe a los documentos que ha suscrito directamente el Departamento como los de Corpocasa y algunos de la ONG Molinos de Viento, sino a varios adelantados por intermedio de las Alcaldías y los institutos municipales de vivienda.

“Ya se habló con el gobernador y se dejó abierta la posibilidad de liquidarlos y buscar con urgencia un nuevo ejecutor para que adelante las obras”, subrayó la funcionaria.
La Defensoría Judicial del departamento emprenderá acciones para recuperar por incumplimiento los anticipos girados a los contratistas para la construcción de vivienda de interés social en varios municipios.

Perilla criticó a los alcaldes por no ejercer las interventorías en los programas de vivienda.

Otro tema al cual se le ha dedicado tiempo, es a la depuración de la base de datos de los postulantes a los planes y subsidios. La información que se tiene no es muy confiable por cuanto dijo que se han detectado casos donde el número de las cédulas no coincide con los nombres de las personas registradas.

Agregó que para hacer esta tarea de depuración solicitó ayuda a la Oficina Jurídica y la idea es que toda esta información se suba al ciberespacio, para que la gente la pueda consultar vía Internet.

La Asamblea elogió el trabajo de reorganización que se viene realizando en la Oficina de Vivienda Departamental. El diputado Olfan Bocanegra señaló que en administraciones pasadas hizo falta planeación en materia de vivienda y recomendó a la funcionaria que establezca filtros más severos, para evitar que tanto los subsidios como los programas de vivienda, terminen beneficiando a personas que no los necesitan, porque cuentan con casa propia.

El primer vicepresidente de la Corporación, Justiniano Porras, afirmó que los programas de vivienda de interés social contratados en la Administración del Gobernador Raúl Flórez se constituyeron en un fiasco.

Denunció que se engañó a personas humildes y se despilfarraron recursos del erario. Hizo un llamado a la Administración Departamental para que inicie los procesos judiciales para recuperar los anticipos que se giraron a los contratistas y no cumplieron con la construcción de las viviendas.

Porras elogió el hecho de que el gobernador Marco Tulio Ruíz haya dispuesto de 82 mil millones de pesos en su plan de desarrollo, para el sector de vivienda.

Por su parte, Felipe Becerra aplaudió la gestión de Narda Perilla a la hora de tomar acciones frente a los incumplimientos de varios contratistas y la invitó a que desde el punto de vista jurídico, llegue hasta las últimas consecuencias, para tratar de recuperar los dineros públicos que se invirtieron en estos proyectos inconclusos. Agregó que en este sentido puede contar con todo su respaldo.