Según la Procuraduría General de la Nación, con diferentes acciones preventivas, permitió la articulación entre gobiernos nacional y departamental para encontrar solución a la crisis por falta de agua potable en Yopal, que padece la ciudad desde mayo de 2011.

En un comunicado emitido ayer el ente de vigilancia, hace un recuento de las acciones que han permitido encontrarle soluciones a la crisis generada por la falta de agua potable en Yopal.

La comunicación afirma que cumplimiento de sus funciones preventivas y de articulación en defensa del interés general y de los derechos ciudadanos, la Procuraduría General de la Nación llevó a cabo diferentes actividades para solucionar la problemática ante la crisis de suministro de agua que aqueja a los habitantes de Yopal desde hace tres años, permitiendo de esta manera que el Gobierno Nacional pudiera intervenir en la solución conjunta que se pactó el fin de semana con el Gobierno Departamental de Casanare.

Entre las principales acciones realizadas por el Ministerio Publico en ese sentido, se destacan: la participación activa del ente de control en la sesión de cabildo abierto efectuada el pasado 5 de abril, en la que se discutieron posibles soluciones a la crisis en esa ciudad relacionada con el suministro de agua potable.

La Procuraduría firma que organizó y lideró diferentes mesas de trabajo en las que se escuchó a la comunidad afectada, representada por veedores ciudadanos, las autoridades responsables del nivel nacional, departamental y municipal.

El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, convocó y lideró el pasado 20 de junio la reunión de evaluación sobre el avance y gestión del Estado en la superación de la crisis de agua potable de Yopal, estableciéndose compromisos de las entidades como precisar fuentes de recursos, responsables y fechas ciertas de cumplimiento de las metas; y finalmente, logró concretar la financiación de un plan de contingencia para garantizar el suministro de agua potable en esa capital.

Según la Procuraduría, tal como lo manifestó a los medios de comunicación el ministro de Vivienda, Luis Fernando Henao, “que al Gobierno Nacional nunca lo dejaron intervenir en el proceso”, con la acción preventiva de la entidad, se logró que dicha cartera ministerial pudiera concertar con la ciudadanía y el Gobierno Departamental de Casanare los acuerdos conjuntos para llevar agua potable a esa ciudad lo más pronto posible.

Al respecto, el ministro Henao aseguró que “para que nos dejaran entrar, la Procuraduría organizó unas mesas con las que logró que se sacara rápidamente la contratación de los diseños, y gracias a eso, podemos salir a contratación desde el próximo 30 de julio”, haciendo referencia a la contratación para la construcción de una nueva planta de tratamiento de agua potable.

El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales, realizó, entre otras, el 25 de marzo y 20 de junio de este año reuniones de seguimiento con las autoridades competentes, logrando que se estableciera como día de inicio del proceso de licitación para contratar la construcción del acueducto definitivo de Yopal el pasado 20 de julio, fecha que fue aplazada hasta el próximo 30 de julio, luego de las reuniones sostenidas por el Gobierno Nacional y el Gobierno Departamental de Casanare.

Otro de los acuerdos a los que llegaron fue tramitar la ejecución de otros tres pozos que surtan de agua al municipio mientras se pone en funcionamiento dicha planta y continuar con la distribución de agua en carro tanques.

Por esta problemática, la Procuraduría General de la Nación en junio del presente año formuló pliego de cargos disciplinarios en contra del alcalde de Yopal, Willman Enrique Celemín Cáceres, porque al parecer ha retardado injustificadamente el ejercicio de las funciones propias de su cargo y no ha garantizado la prestación efectiva del servicio público de agua potable, originando un riesgo grave y un deterioro para la salud humana de la población de ese municipio.

El pasado 7 de julio, la autoridad disciplinaria sancionó, en primera instancia, al burgomaestre Celemín Cáceres con destitución del cargo e inhabilidad general por 11 años, por irregularidades contractuales presentadas durante su administración, entre las que se destaca el suministro de más de 150 paquetes de relajación estético-corporal para los servidores públicos de la Alcaldía. Dicho fallo se encuentra en estudio de segunda instancia en la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación.