En la sesión de la Comisión de Asuntos Sociales y Ambientales fue aprobado en primer debate el Proyecto de Acuerdo mediante el cual se busca proteger las zonas hídricas de Yopal de la explotación minera y sus consecuentes afectaciones.

Según el Concejal Fabio Suarez, se delimitaron 10 áreas de protección ambiental. “En total son 70 mil Hectáreas de microcuencas las que se pretenden proteger, para que no sean concesionadas en futuros contratos de exploración minera en 43 veredas del municipio”, informó.

El acuerdo deberá presentarse antes del 8 de mayo ante el Ministerio de Minas, como solicitud de protección. Las autoridades nacionales deciden si son tenidas en cuenta o no estás áreas propuestas.

El miércoles se le dará segundo debate en la plenaria del Concejo, según anunció el Concejal Suarez.

Este acuerdo nos permite decirle al Gobierno Nacional que áreas estratégicas, como municipio queremos proteger. En este caso son los microcosmos abastecedores de acueductos veredales especialmente y el cuerpo de agua “Los Bracitos”, señaló Suarez.


El concejal ponente del Proyecto Fredy Corredor agradeció el trabajo articulado de la Comisión y subrayó el papel fundamental que juegan las comunidades y las autoridades locales en la toma de decisiones que afectan sus ecosistemas, por eso valoró positivamente que la delimitación de las zonas de protección sean definidas por los gobiernos municipales.

Corredor manifestó que lo que se busca proteger a través de este Proyecto de Acuerdo es el abastecimiento de las zonas hídricas, la conservación de áreas con riqueza histórica y las zonas de desarrollo integral del municipio.

De otra parte, el Concejal Leonardo Puentes se refirió al trabajo de la Corporación y destacó que pese a las premuras de los plazos fijados por el Gobierno Nacional, el Concejo de Yopal le está cumpliendo a la comunidad frente a la información requerida para la protección de los ecosistemas estratégicos del municipio de la explotación minera.

De igual manera resaltó el trabajo realizado por entes públicos, privados y las comunidades vecinas de estos sectores, quienes tuvieron la tarea de recopilar la información técnica para justificar las zonas que deben quedar protegidas de la industria minera.