La abogada de la empresa industrial y comercial del estado Ceiba, Zoila Rosa Angulo Rodelo, acusó al ex Concejal Leonardo Puentes de vulnerar el debido proceso y el derecho al acceso a la administración de justicia, luego que el Juzgado Primero Administrativo de Yopal admitió la demanda de Acción Popular, promovida por Puentes y además decretó la medida cautelar que ordena de inmediato la suspensión provisional de los efectos del Acuerdo 016 de 2015 y la suspensión provisional de los efectos de todos los contratos y actos administrativos derivados de dicho Acuerdo que creo la EICE CEIBA.

Puentes habría omitido la obligación de entregar todos los elementos al juez para que el mismo fallara ajustándose a la realidad, que evidencian dichos servicios públicos en la ciudad. Por cuanto el mismo ex concejal, nunca manifestó al Juez, que en el Tribunal cursa una excepción de constitucionalidad contra el acuerdo 016 de 2015 que crea la Empresa Industrial y Comercial del Estado, en el cual se hizo parte, así entonces, no había ninguna urgencia como señala el ex candidato a la Alcaldía de Yopal.

Angulo sentenció en las redes sociales dirigiéndose al ex Concejal, “en derecho los errores se pagan y bien caro, el afán de protagonismo te ha llevado a cometer errores, te dije prepara los bolsillos para la indemnización, y no es una amenaza; es una realidad y ya van 8 días de cese de actividades de más de 60 trabajadores sin contar las OPS y el resto de contratistas, cada día que pase es un estimado de $ 7.000.000, aparte de los daños morales y los ocasionados a Ceiba EICE como persona jurídica”, afirmó la abogada.

Y añadió, “cobraremos lo que nos corresponde en su justo derecho para que quede de antecedentes a los actores populares que actúan acelerados sin conocimiento”.

Leonardo Puentes, se declaró aterrado con el tono amenazante y el cambio súbito de postura de la abogada Zoila Rosa Angulo Rodelo, muy cercana al Alcalde de Yopal JJ Torres, “Hace unos meses me respaldaba, hoy dice que no me la rebaja”.

Puentes, consideró que “la disyuntiva acá no es entre los derechos laborales de las personas vinculadas a Ceiba (que deben ser protegidos) y los derechos a la moralidad administrativa y la defensa del patrimonio público de todos los ciudadanos de Yopal, amenazados por este intento de fraude”.

Y sugirió cerrar la discusión, “mientras el juez se pronuncia y define si el salario de la señora abogada de CEIBA prima sobre las medidas cautelares (preventivas) ordenadas para evitar el desfalco billonario que podría sufrir la ciudad durante las próximas décadas”.

El viernes anterior Puentes le solicitó al Juez que aclare el alcance de la medida cautelar ordenada a partir de su demanda contra CEIBA E.I.C.E.

“El objetivo de la demanda es la defensa del patrimonio de la ciudad y del interés público de los yopaleños. Nunca afectar los derechos de los trabajadores ni la prestación de los servicios a la comunidad”, afirmó.

La abogada de la empresa industrial y comercial del estado Ceiba, Zoila Rosa Angulo Rodelo, también basa su amenaza a Puentes en un artículo del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que señala “Salvo los casos de suspensión provisional de actos administrativos de carácter general, cuando la medida cautelar sea revocada en el curso del proceso por considerar que su decreto era improcedente o cuando la sentencia sea desestimatoria, el solicitante responderá patrimonialmente por los perjuicios que se hayan causado, los cuales se liquidarán mediante incidente promovido dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la providencia…”.

Angulo afirmó que CEIBA EICE fue auditada por la Procuraduría Regional de Casanare, no encontrando nada anómalo, sino todos los servicios prestados directamente por la empresa.