Ante la orden de lanzamiento que instauró el Tribunal Administrativo de Casanare para las familias que habitan el proyecto de vivienda Torres del Silencio, se adelantó una mesa de conciliación con los contratistas de la obra, Gobernación de Casanare, Alcaldía de Yopal, Veeduría ciudadana, Personería de Yopal, Defensoría de Pueblo y el Presidente del Concejo de Yopal, con el fin de buscar una solución ante esta problemática.

En esta reunión se diligenció un acta con el fin de solicitar al Tribunal Administrativo la suspensión del desalojo programada para el próximo 30 de marzo del presente año y en cambio otorgarle un tiempo perentorio de cinco meses al constructor con el objetivo de que termine el proyecto habitacional, de acuerdo a la programación presentada y que a la fecha está bajo revisión de la interventoría de la obra.

Fabio Suárez, presidente del Concejo de Yopal, indicó que la aprobación de los acuerdos establecidos dentro de esta acta está sujeta a la decisión del magistrado que adelanta esta orden judicial.

“Creemos que el magistrado va a aceptar este acuerdo y va a suspender la decisión de desalojar a las 80 familias que viven en Torres del Silencio, quienes no tienen donde ir y no tienen como pagar un arriendo, además están de por medio niños, niñas y adolescentes que viven allí y personas en condición de discapacidad; quienes junto a sus familias se tomaron estos apartamentos más por la necesidad de tener un techo”, señaló.

Si el magistrado acepta suspender la orden de lanzamiento a esta comunidad, el constructor deberá reiniciar la obra de acuerdo a los términos contractuales, así mismo, las familias que allí habitan deberán tomar medidas de precaución para evitar incidentes.

Las partes asistentes y firmantes del acta fueron: La jefe de defensa judicial – María Nidian Larrotta, la jefe de la oficina de vivienda departamental – Sandra Lorena Cruz Quintero, la Defensoría del Pueblo en representación, Diana Patricia Puentes, el secretario de Gobierno Municipal Leonardo Dinas, el gerente del IDURY Mauricio Montaña, la Contraloría Departamental, a través de Anny Beltran, el personero municipal Juan Gabriel Guarnizo, la interventoría del proyecto, el director de obra del proyecto, representantes de la comunidad, veeduría y la inspectora primera de Policía, Cielo Gómez.