Seis testigos por interrogar tiene aún la Fiscalía, más los testigos de la defensa, en el juicio oral del proceso contra seis ex concejales de Yopal quienes presuntamente habrían obligado a dos de sus compañeros a grabar un video auto incriminatorio de hechos de corrupción.

La audiencia que llevaba dos días se suspendió y fue aplazada para los días 9 y 10 de junio.

“Se vienen practicando las pruebas testimoniales solicitadas por la Fiscalía, que tiene muchos más testigos por presentar, por lo que se dio el aplazamiento de la diligencia”, señaló Jorge Cortés, abogado de los acusados.

Agregó que es difícil predecir cuándo terminará el proceso, o cuando se puede estar anunciando el sentido del fallo, en razón a que faltan muchos testigos, solamente han pasado tres y se agotaron dos días y la Fiscalía tiene como unos seis más.

El Abogado consideró que toda la acusación se basa en la versión de los ex concejales Cristóbal Torres y Amparo Sanabria, quienes no tienen testigos diferentes a los concejales de la época, y que por ello también sus defendidos van a ser testigos en su propia causa, pues renunciarán a su derecho a guardar silencio.

Sobre los tiempos del proceso y la falta de celeridad, Cortés recordó que el juicio no se había agotado dado que hubo una solicitud de preclusión presentada por un abogado; la cual se tramitó en el Juzgado Segundo Penal, en lugar de iniciarse con el juicio, y fue fallada de manera adversa a las pretensiones; proceso que fue en apelación al Tribunal Superior, el cual confirmó la decisión de no precluir la investigación y celebrar el juicio, pero como el juez ya había tomado alguna decisión sobre temas que podrían ser tratados en el juicio, se declaró impedido, y el proceso pasa al juzgado tercero.

También dijo que la Fiscalía tardó cinco años en hacer la imputación, entre otras situaciones porque inicialmente el proceso se llevaba en una fiscalía especializada, pero luego por solicitud del cambio de radicación, se entrega a una fiscalía antiterrorismo que crearon en Yopal, a pesar de que el delito es violencia contra servidor público.