Casanare se encuentran priorizado en las fases del proceso de desminado humanitario que se debe realizar en los territorios nacionales por lineamientos de la Dirección de Acciones Integrales contra Minas Antipersona (DAICMA), de la Vicepresidencia de la República. Los municipios priorizados son Yopal, Aguazul y Chámeza.

Laura Torres, funcionaria de la Secretaría de Salud departamental, informó que los municipios de Yopal y Aguazul están tipificados en riesgo tipo 1, es decir en nivel de alta afectación y Chámeza se encuentra en riesgo medio o tipo 2.

En el caso de Yopal, según datos estadísticos del DAICMA, 27 de las 92 veredas de la capital casanareña están en riesgo.

La funcionaria, quien asistió este lunes a la sesión del Concejo de Yopal, solicitó apoyo de insumos para realizar dicho proceso, indispensable para certificar al municipio como territorio libre de minas, de acuerdo a lo establecido en el Tratado de Ottawa.

“Ya se ha radicado la solicitud ante la ex alcaldesa Luz Marina Cardozo y ante el alcalde Jhon Jairo Torres”, adujo.

El Concejo de Yopal señaló que, aunque no es competencia de la Corporación disponer de éste tipo de presupuestos, sí es voluntad de la Administración Municipal, solicitar recursos del Fondo de Seguridad o hacer una modificación presupuestal para tal fin.

En los municipios de Chámeza y Aguazul el proceso va andando, “pero sí una vez terminado el trabajo en estos dos municipios (estimado en un plazo de mes y quince días), no se ha definido la situación de Yopal, se llevarían los equipos para otros departamentos que lo están requiriendo y esto sería muy lamentable ya que no se lograría está certificación nacional e internacional, donde se abrirían las puertas para el municipio desde el ámbito turístico en adelante", resaltó la funcionaria.

Actualmente en Casanare se cuenta con cuatro equipos para el proceso de desminado humanitario con personal capacitado del Ejercito Nacional que son los que ejercen dicha labor.

Los concejales se comprometieron a reiterarle el compromiso a la Administración Municipal y a conminar al alcalde titular para que realice las debidas acciones en aras de certificar al municipio como territorio libre de minas antipersonal.

El Tratado de Ottawa se firmó en el año 2000 y entró en vigencia en el año 2001, donde los Estados parte, entre ellos Colombia, se comprometieron a eliminar toda amenaza de minas antipersonal o sus derivados (MAP/AEI/MUSE) en un lapso de 10 años con derecho a realizar una prórroga de 10 años más, que fue solicitada en 2011.