Por lo menos hasta el 7 de febrero permanecería el asentamiento ilegal “mi nueva esperanza” invadiendo los predios privados en la ronda del caño “Usivar” de Yopal, de acuerdo con el cronograma de visitas domiciliarias que estableció la Alcaldía de Yopal.

Ayer fue suspendida una vez más la audiencia de desalojo que debía efectuarse de acuerdo con una orden judicial. A la diligencia no se hicieron presentes todas las autoridades involucradas, mientras que el Alcalde JJ Torres, nuevamente afirmó que se iba a desarrollar el desalojo, pero que, sin un lugar para su reubicación, no se podía sacar a las familias de ese sitio “porque se violaría el debido proceso”.

Por su parte, el abogado apoderado de las dueñas del predio, Yury Abdel Rodríguez presentó un recurso de nulidad, sustentando la situación jurídica del Alcalde, Jhon Jairo Torres, quien, según la tesis del jurista, ya no es competente, “debido a la orden de destitución que pesa en su contra y que lo deja sin ninguna competencia para el desarrollo de dicha actividad por una condena justamente por urbanizador ilegal”.

El Alcalde dijo que por ahora se adelanta el proceso para reubicar a 230 familias de las 439 que fueron caracterizadas, en un lote cercano a Villa David y que la realidad es que no hay dinero para darle vivienda a todos los núcleos familiares que aparecieron.

Cómo viven en mi nueva esperanza

El fin de semana concluyó la caracterización de la invasión ilegal, que arrojó que hay 439 familias asentadas irregularmente en ese predio privado. Se está calculando cuántos niños, mujeres, ancianos y en realidad cuántas cumplen con los requisitos para el acceso a un subsidio de vivienda.

Según Javier Pérez, representante de “mi nueva esperanza”, se tiene conocimiento de un terreno en Villa David que está siendo loteado, acondicionado con servicios públicos y estaría disponible para 230 familias, por lo que debe haber un filtro exhaustivo sobre los postulados.

Por ahora los habitantes de la invasión seguirán tranquilos en el predio privado. Se abastecen de un pozo profundo por el que cada familia paga 5 mil pesos correspondientes al servicio de agua y en el servicio de energía la misma comunidad extendió redes e instaló 4 transformadores y postes, deben cancelar la suma de 3 mil pesos para el mantenimiento de la infraestructura eléctrica, sin embargo, reconocieron que le adeudan a Enerca una suma cercana a 150 millones de pesos por la energía suministrada.
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