Javier Pérez, líder del asentamiento humano Mi Nueva Esperanza en Yopal, denunció que continúan los operativos por parte de la Secretaría de Gobierno para el desmonte de estructuras desocupadas o presuntamente utilizadas para actividades ilegales dentro del sector, pero nadie habla del proceso de reubicación ordenado por despacho judicial hace varios años. 

Según información que recibió vía telefónica de la Secretaría, estas acciones se mantendrán sobre las viviendas abandonadas o que representan un riesgo para la seguridad de la comunidad. En ese sentido, Pérez aseguró que solicitará formalmente información sobre el caso específico de la señora Judí, en la vivienda 309, donde se realizó una de estas intervenciones.

El líder comunitario hizo un llamado urgente al alcalde y a los funcionarios encargados del proceso de reubicación de las familias de Mi Nueva Esperanza para que aceleren las gestiones y eviten que se sigan presentando situaciones de riesgo. 

 Recordó que recientemente, tras un fuerte aguacero, tres niños estuvieron a punto de ahogarse en un caño cercano al asentamiento, lo que evidencia las condiciones precarias en las que viven las familias. También rechazó la construcción informal a orillas de dicho caño, por los peligros que representa para la comunidad.

Pérez informó que actualmente hay 480 familias en el asentamiento, de las cuales se debe determinar cuántas califican para ser incluidas en el proceso de reubicación. Indicó que la semana pasada hubo una mesa de trabajo en el Concejo Municipal, y que esta semana habrá otra, donde esperan conocer detalles concretos sobre el lote de seis hectáreas ubicado frente a la Fuerza Aérea, que fue mencionado como posible lugar de traslado. 

Finalmente, reconoció que existen focos de inseguridad dentro del asentamiento y pidió a la Policía, Fiscalía y demás autoridades adelantar las investigaciones pertinentes, dejando claro que la mayoría de los habitantes rechazan estas conductas, pero no tienen herramientas legales para intervenir.