Por solicitud del Tribunal Administrativo de Casanare, la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia Corporinoquia, realizó el sábado una audiencia pública en Monterrey para escuchar a la comunidad frente a la eventual explotación minera sobre el cauce del río Túa.

La petición unánime de la población regiomontuna fue reiterativa: “Revocar el titulo minero que pretende iniciar labores sobre el Río Túa”.

Líderes de la comunidad y población en general, coincidieron que permitir que esto ocurra sería fatal para la conservación del cauce y por ende el desarrollo turístico centrado en las aguas cristalinas de esta importante fuente hídrica.

La audiencia tuvo lugar en el polideportivo Frente a la Concha Acústica de Monterrey.

Hace un año el Tribunal Administrativo de Casanare falló a favor de los demandantes de una acción popular contra INGEOMINAS, Corporinoquia, Municipio de Monterrey y el señor Miguel Ernesto Espitia Doncel, como causantes de la violación de los derechos colectivos relacionados con el ambiente, la sostenibilidad y equilibrio ictiofáunico, fáunico y ecológico en el rio Túa, derecho al disfrute, goce y utilización de los bienes de uso público y la salubridad y seguridad pública a causa de la licencia otorgada para extraer y comercializar material de arrastre del río Túa.

El Tribunal declaró en noviembre de 2013, inejecutable el contrato de concesión FAD-092 de 2005 y suspendió provisionalmente la licencia ambiental hasta por el termino de 1 año a partir de la notificación de este fallo, tiempo en el cual el propietario del título podrá, si lo considera, cumplir con las condiciones sustanciales omitidas a fin de que sea estudiado nuevamente la viabilidad y continuidad del contrato de concesión y revalidar la licencia ambiental.

El contencioso Administrativo ordenó al municipio de Monterrey realizar campañas socioculturales por cualquiera de los medios de comunicación disponibles para que las personas que participan en el Festival de Verano y hacen uso de las aguas del río Túa, adopten una conducta adecuada para proteger esos intereses colectivos.

La acción popular fue interpuesta por Luis Alirio Vargas Rojas con la coadyudancia de Ricardo Alfredo Gómez Samaniego y José Luis Morales Hernández, radicada el 31 de enero de 2013 y admitida el 4 de febrero del mismo año.

El título minero otorgado a un supuesto familiar del desaparecido jefe esmeraldero Víctor Carranza, está ubicado en la vereda “la Tigrana”.