El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera, le negó a la diputada Lady Patricia Bohórquez Cuevas, la solicitud de aclaración y adición a la sentencia proferida el 18 de marzo de 2021, mediante la cual se declaraba la pérdida de investidura.

El Tribunal Administrativo de Casanare había proferido el fallo de primera instancia en la demanda electoral interpuesta por Ángela Jimena Valencia Mariño, por la presunta Inhabilidad de la diputada Lady Patricia Bohórquez Cuevas, sobrina del entonces alcalde de Pore, Omar Cuevas Bernal, cuando inscribió su candidatura, se produjo el certamen electoral y se declaró elegida.

El Magistrado ponente, Néstor Trujillo González, declaró nula la elección de la señora Lady Patricia Bohórquez Cuevas, como diputada de la Asamblea Departamental de Casanare, periodo en curso (2020-2023), consignada en el formulario electoral E26-ASA.

En el análisis de la inhabilidad, el Tribunal probó que “la demandada Lady Patricia Bohórquez Cuevas, fue elegida como diputada de Casanare y que al tiempo de su inscripción como candidata (así como el día de los comicios y el de la declaratoria de elección) su tío, pariente en el tercer grado de consanguinidad, ejercía autoridad en el municipio de Pore, en calidad de alcalde, configurándose la aludida causal de inhabilidad, por lo que deberá anularse dicha elección”.

Con la decisión de la Sección Primera del Consejo de Estado de negar el recurso de aclaración solicitado por la defensa de Bohórquez, se ratifica su pérdida de investidura y el fallo del Tribunal queda en firme, al no existir más recursos para la diputada.

El segundo en la lista del partido Liberal para ocupar la curul sería Jorge García, hijo del cuestionado ex alcalde de Yopal, Jorge García Lizarazo.

De otra parte, la señora Bohórquez Cuevas fue vencida, en primera instancia, en otro proceso de pérdida de investidura, donde se examinaron hechos y causales diferentes, relacionadas con conflicto de intereses en actuaciones de la diputada en ejercicio de esa investidura, que no conciernen al actual litigio, por haber votado para la elección de Contralor Departamental teniendo pendientes investigaciones en ese órgano de control, decisión que se encuentra en apelación ante el Consejo de Estado.