Desde el pasado miércoles, las víctimas del conflicto armado en Casanare asisten a las mesas de seguimiento a la reparación de tierras y políticas públicas orientadas a su atención. Germán Barbosa, vocero de la mesa de participación de víctimas, cuestionó que, de los cuatro alcaldes invitados a las jornadas, solo el alcalde de Monterrey asistió, lo que denota la falta de interés desde los mandatarios que no contribuyen en las acciones para lograr desenmarañar la restauración.

Barbosa recordó su experiencia como víctima, marcada por desplazamiento, amenazas, y despojo forzado de tierras a manos de las Autodefensas del Casanare. Relató cómo su familia fue obligada a abandonar sus tierras bajo amenazas de muerte, tierras que posteriormente fueron ocupadas y utilizadas para proyectos de vivienda sin ninguna compensación o indemnización para él y su familia. "Ni siquiera hemos recibido atención psicológica. Hemos tenido que sanar solos, cargando con los fantasmas de la violencia", afirmó. 

Barbosa denunció la demora en los procesos de indemnización y la falta de priorización para personas en condiciones de mayor vulnerabilidad, como adultos mayores, personas con enfermedades terminales y discapacitados. Según sus declaraciones, en Monterrey hay alrededor de 4.000 víctimas del conflicto armado, pero la reparación ha sido mínima. "Se prioriza a los victimarios, mientras las víctimas seguimos esperando", expresó con indignación. 

Las víctimas llamaron fuertemente la atención ante entidades como la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo, buscando que se prioricen los procesos de reparación. Sin embargo, según Barbosa, "la corrupción y la falta de seguimiento a los proyectos productivos dificultan cualquier avance". 

La comunidad de víctimas solicita proyectos productivos sostenibles, como unidades de ganadería, que les permitan salir de la mendicidad y alcanzar una reparación integral. Además, exigen que las políticas públicas se cumplan de manera efectiva, tanto a nivel nacional como departamental, y que las autoridades locales y regionales muestren un compromiso real con su causa. 

Barbosa dijo que las víctimas no buscan caridad, sino justicia y oportunidades para reconstruir sus vidas. "Queremos paz y desarrollo para el departamento. Aportamos mucho al crecimiento de Casanare y exigimos que se nos respete y repare como lo establece la ley".