El Consejo de Estado ordenó el aplazamiento de la Audiencia Pública de Consulta Popular de Monterrey, como medida provisional solicitada por Ecopetrol en una acción de tutela.

En decisión del 15 de enero de 2014 proferida por el Consejo de Estado, sección segunda, subsección A, se ordenó el aplazamiento de la audiencia pública a celebrarse ayer en el Tribunal Administrativo de Casanare, dentro del trámite para analizar la constitucionalidad de la solicitud de consulta popular presentada por el alcalde del Municipio de Monterrey, que pretende someter al voto de los ciudadanos la posibilidad de ejecutar actividades de hidrocarburos en unas de las veredas del mencionado municipio.

La decisión fue adoptada en atención a la solicitud preventiva contenida en la acción de tutela presentada por Ecopetrol, con la finalidad de que se le permita la intervención en la mencionada audiencia pública, como directo afectado de la decisión que se somete a consideración del Tribunal.

La decisión aplaza el trámite de constitucionalidad de la consulta popular del municipio de Monterrey, hasta que se falle de fondo la acción de tutela, pronunciamiento que fue acatado por el Tribunal.

El abogado Luis Arturo Ramírez, quién impulso la Consulta de Tauramena, opinó que Ecopetrol pretende torpedear el trámite de la Consulta Popular para que las comunidades del municipio de Monterrey se pronuncien sobre el proyecto de sísmica ODISEA 3D.

El jurista hizo el pronunciamiento al conocer la decisión del Consejo de Estado de ordenar al Tribunal Administrativo de Casanare la suspensión de la audiencia pública programada para ayer en cumplimiento del trámite de constitucionalidad de la Consulta Popular hasta que se falle la Acción de tutela presentada por apoderados de Ecopetrol en Bogotá.

Reiteró que es improcedente la Acción de tutela porque no hay demandantes, ni demandados y tampoco se han vulnerado derechos fundamentales.

Entre tanto, el alcalde de Aguazul, Fernando Camacho dijo que no tiene sentido realizar en su municipio una Consulta Popular para oponerse a las operaciones de sísmica del proyecto ODISEA 3D- cuando Ecopetrol desistió de la actividad exploratoria.

Si las comunidades insisten se daría trámite ante el Tribunal Administrativo de Casanare para determinar su constitucionalidad, expresó el ejecutivo.
El funcionario ha admitido la afectación de la sísmica a las fuentes de agua superficiales y subterráneas en Aguazul.