Mayerly Pinzón, ingeniera ambiental y líder comunitaria, informó que el plantón en la vereda San Luis del Ariporo, del municipio de Paz de Ariporo, contra la operadora petrolera Green Power, completó 50 días. La comunidad manifiesta su descontento debido a lo que consideran una serie de incumplimientos por parte de la empresa en relación con las normas ambientales y los derechos de las comunidades locales.

Pinzón denunció que, desde el 2020, la operadora, con su proyecto “Ojo de tigre 2” ha afectado gravemente a las veredas aledañas, incluyendo San Luis del Ariporo y San Nicolás, así como La Reserva de Hato Corozal, todas ellas parte del polígono del proyecto de hidrocarburos. 

Según la ingeniera, la petrolera ha sido negligente en cumplir con las resoluciones y regulaciones establecidas por entidades como la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), lo que ha generado daños ambientales y sociales significativos.

Entre las principales quejas de la comunidad se encuentra la contaminación de los cuerpos de agua de la zona, resultado de la reinyección de aguas con químicos tóxicos y el vertimiento de estas en las sabanas inundables. Pinzón también señaló que la operadora ha construido pozos subterráneos sin permiso y, aunque las autoridades han realizado visitas técnicas, no han tomado medidas efectivas. "Ellos van, ven el problema, y no hacen nada. Solo plantan un árbol, pero al irse, la operadora vuelve a operar como si nada", afirmó Pinzón.

Además de los daños ambientales, la líder comunitaria señaló a Green Power de dividir a las comunidades y generar conflictos internos. Según Pinzón, la falta de responsabilidad social de la empresa ha impedido que las comunidades locales se beneficien de los proyectos de hidrocarburos.

 Pinzón participó en un Puesto de Mando Unificado (PMU) organizado por la Gobernación de Casanare, donde se expuso la problemática a diversas autoridades, incluyendo la Fiscalía, la Procuraduría y la Alcaldía de Paz de Ariporo. En el encuentro, reiteró que la operadora ha seguido con sus actividades a pesar de tener el contrato suspendido desde marzo hasta septiembre. Pinzón enfatizó que la petrolera continuó realizando obras civiles durante ese periodo, ignorando las preocupaciones de las comunidades.

"Lo que pedimos es que esta operadora desocupe el territorio y que se asigne a una empresa que cumpla con sus compromisos ambientales y sociales", señaló Pinzón. También hizo un llamado a la Procuraduría y la Contraloría para que intervengan y garanticen que los proyectos de hidrocarburos se desarrollen de manera justa y transparente.

A pesar de los intentos por encontrar una solución a través de mesas técnicas y reuniones con las administraciones locales, la comunidad se siente desatendida. "Las comunidades que están de acuerdo con la operadora han sido escuchadas, pero quienes denunciamos las irregularidades hemos sido ignorados", declaró Pinzón.