Una mujer que sufre maltrato y es amenazada de muerte desde hace cinco años por su hijo, denunció que no tiene protección de las entidades del Estado. El agresor de 35 años, identificado por su progenitora como Pablo Gómez Ayala, estuvo preso por haberle pegado, pero una vez salió de la cárcel nuevamente se radicó en la finca donde ella vivía, obligándola a irse del lugar ante el constante temor de que cumpla sus amenazas.
Según la víctima de 57 años, cuando ella intentó pedir el apoyo de las autoridades, le dijeron que para mantener su integridad era mejor salir de la finca en la vereda San Antonio de Yopal, y así lo hizo, pero desde que el predio está en poder de su hijo, mantiene en descuido la propiedad, “tanto que las vacas parieron y los becerros murieron por el abandono”, afirmó.
La mujer afirma que ha sido golpeada brutalmente con garrotes, sillas y puños y amenazada con un cuchillo de tal forma que le han emitido incapacidades de 20 y 15 días.
Afirmó que su hijo la amenazó que, “la va a picar y la va a meter a la nevera, luego va a cavar el hueco para enterrarla”, lo que la mantiene en zozobra, angustia y depresión.
La víctima dijo que no puede ingresar a la finca obtenida como herencia de su padre, ante la agresividad del hombre que señala como consumidor de sustancias estupefacientes como bóxer y algunas hierbas que lo ponen en estado de locura, según presentó la denuncia.
En la Comisaria Segunda de Familia cursa una denuncia por violencia intrafamiliar, en la que no se ha podido realizar una Audiencia, ya que ha sido imposible notificar al querellado, pues a la víctima le da miedo llevarle la citación y ese despacho tampoco ha encontrado la forma de hacerlo.
Afirmó que, “él se hace el loco y utilizará ese argumento para defenderse ante la justicia y evitar ir a la cárcel, mientras sigue dañando los muebles de la vivienda y acabando con lo que hay en la finca”, sin que ella pueda hacer nada ante el temor que le origina su hijo y la lenta respuesta de la Fiscalía y la Casa de Justicia, por lo que pidió celeridad a las autoridades, pues a la fecha no ha obtenido una respuesta y la audiencia del proceso ha sido aplazada varias veces.