Por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos por valor de $2.545.537.290 pesos, la Procuraduría General de la Nación formuló cargos al alcalde de Puerto Gaitán, Meta (2016-2019), José Alexander Fierro Guayara, quien también habría cometido esta conducta en el 2013 cuando se desempeñó como secretario local de Educación y Cultura.

 La decisión también cobija al exalcalde, Édgar Humberto Silva González (2012-2015); a los exsecretarios administrativos y financieros, Ramón Octavio Colina y Gina Marcela Herrera; los exsecretarios de Gobierno, Ángela María Moreno Neira, Henry Alberto Villamarín, Luis Ever Riveros Mayorga, Martha Isabel Serrano García y William Alberto Cubillos Hernández; al exjefe de la Oficina Asesora de Planeación, Luis Alejandro Castellanos Rodríguez; los exsecretarios agropecuarios y de Medio Ambiente, Moisés Gualdrón Jaspe, Nohemy Peñuela Cano y Ómar Sebastián Páez Cocunubo; la exdirectora local de Salud, Yenneire Ochoa Bernal, y el exsecretario de Infraestructura, William Oswaldo Morales Rojas.

Al parecer, los investigados habrían solicitado, gestionado, tramitado, aprobado y legalizado recursos públicos municipales a través de resoluciones de avance, una figura que les habría permitido la destinación irregular de dineros, durante el periodo comprendido entre el 24 de mayo de 2013 y el 23 de mayo de 2016.

El ente de control cuestionó a Fierro Guayara y Silva González por la presunta falta de control y vigilancia sobre la actividad precontractual y contractual, que fue delegada en los secretarios de Gobierno de turno.

A los demás exfuncionarios se les endilgó un posible mal manejo de los recursos económicos públicos, así como la presunta participación en la etapa precontractual y/o en la actividad contractual, con desconocimiento de los principios que las rigen.

Es de señalar que la Fiscalía 10 Seccional de Villavicencio condenó en noviembre de 2018 a una de las investigadas dentro del proceso penal que, al parecer, por estos mismos hechos adelanta contra varios exservidores de Puerto Gaitán.

En esta etapa procesal, la Procuraduría Provincial de Villavicencio calificó las faltas del mandatario y de 12 funcionarios más como gravísimas cometidas con culpa gravísima. Y las del exmandatario y la exsecretaria administrativa y financiera como graves a título de culpa gravísima.

En ejercicio del derecho a la defensa que les asiste, los investigados podrán solicitar o aportar las pruebas que estimen pertinentes.