La Defensoría del Pueblo, en una jornada de diálogo social con la comunidad y autoridades en San José del Guaviare, informó sobre las deficiencias en el funcionamiento de residencias escolares, lo cual afecta el derecho a la educación de 19.652 niñas, niños y adolescentes en los departamentos del Guaviare, Vichada, Caquetá, Vaupés, Putumayo, Guainía, Meta y Amazonas. Lo que está ocurriendo podría, adicionalmente, desencadenar eventos de conflictividad social.

“La estrategia de residencias escolares o internados, que forma parte de la oferta de establecimientos educativos autorizados, sigue siendo para muchos niños, niñas y adolescentes la única oportunidad para acceder y permanecer en el sistema educativo, por lo que preocupa su vulneración del derecho a la educación”, indicó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis. 

A través del trabajo realizado por el equipo en terreno de la entidad de derechos humanos, aseguró el Defensor, “se identificó que, a pesar de los esfuerzos institucionales, la mayoría de las 385 residencias escolares ubicadas en zonas rurales de los departamentos del Guaviare, Vichada, Caquetá, Vaupés, Putumayo, Guainía, Meta y Amazonas tiene problemas de infraestructura, de servicios públicos de agua potable, energía, salud, de internet, así como con en el suministro de alimentación y transporte escolar y con la planta de docentes y cuidadores”. 

Sumado a lo anterior, se desconoce el enfoque étnico y territorial para garantizar el servicio esencial de la educación de las niñas y los niños indígenas del Guainía, Vaupés y Amazonas, y las instalaciones dispuestas tampoco están en óptimas condiciones.

“Le solicitamos al Ministerio de Educación reglamentar las residencias escolares; además, que sea incluido el enfoque diferencial propio de cada región para garantizar la permanencia de niñas, niños y adolescentes en las instituciones educativas”, llamó Carlos Camargo Assis. 

Compromisos adquiridos en el diálogo defensorial

Los ministerios de Educación y Cultura, no obstante, se comprometieron a realizar en San José del Guaviare una mesa técnica con la participación de los secretarios de Educación de los departamentos que integran la Orinoquía y Amazonía, de los representantes de los rectores, docentes, padres de familia y de los estudiantes, con el fin de revisar el proyecto de decreto que no ha sido expedido desde hace dos años. 

Así mismo, fue adquirido el compromiso de revisar la asignación de recursos para mantener las residencias escolares, la inclusión del enfoque diferencial étnico, la destinación de recursos para la alimentación y transporte escolar fluvial y terrestre, y que sea garantizada la prestación de servicios públicos, la atención en salud y la conectividad. 

Por su parte, la Defensoría del Pueblo, a través de su Delegada para la Prevención y Transformación de la Conflictividad Social, Delegada para la Infancia y la Juventud y sus Regionales con asiento en el oriente y sur del país, hará acompañamiento a la mesa técnica y seguimiento permanente a los compromisos y acuerdos establecidos por las entidades del nivel nacional y territorial. El propósito primario es lograr su cumplimiento y evitar el surgimiento de conflictos sociales que deriven en una situación de crisis y violencia.