Una familia que fue desterrada por el accionar de la  guerrilla de las Farc-Ep en Mesetas (Meta), fue reconocida como víctima de abandono forzado del predio “La Cabaña”, de 38 hectáreas y 6.685 metros cuadrados, ubicado en la vereda Betania. Al proferir la primera sentencia de restitución de tierras de este municipio, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó su compensación y reconoció que el actual ocupante demostró la buena fe exenta de culpa.

La historia comenzó en 1994, cuando la pareja de esposos adquirió la finca para cultivar en ella yuca, caña, plátano, maíz y criar ganado. La tranquilidad familiar terminó con la presencia del frente 40 de las Farc y la incursión paramilitar en la zona. En esa época, la guerrilla citaba constantemente a los habitantes en la escuela de la vereda para extorsionarlos. Así mismo, obligaba a los menores de edad a dejar sus estudios para ingresarlos en sus filas. 

El día más crítico para la familia fue el 9 de abril de 2006, cuando hombres armados llegaron al predio y manifestaron que, por orden del comandante “Pluma”, tenían dos días de plazo para sacar a su hijo del internado y entregárselo a la organización ilegal. Además, por esos días, hubo un enfrentamiento entre el Ejercito y las Farc que dejó como consecuencia la destrucción de la vivienda.

Ante estos hechos, la familia debió desplazarse hacia el municipio de Puerto Gaitán. La finca quedó en manos de un familiar pero, al poco tiempo, fue enajenada a un campesino por $30 millones. Él fue reconocido como segundo ocupante de buena fe por no tener relación con el hecho victimizante. 

Con el paso del tiempo y tras la entrada en vigencia de la Ley 1448 de 2011, los integrantes de esta familia acudieron a la Unidad de Restitución de Tierras (URT), entidad que llevó su caso ante la justicia. Hoy en día logró que fueran declarados víctimas de desplazamiento y abandono forzado de tierras y, a la vez, que se ordenara la compensación de su predio. 

Entretanto, en el terreno, donde además funciona la escuela de la vereda Betania, continuará residiendo el ocupante, quien demostró que adquirió legalmente el predio.

Martha Liliana Arévalo, directora territorial encargada de la URT en Meta, dijo: “celebro que la justicia emita la primera sentencia de Mesetas, uno de los municipios históricamente afectados por el conflicto armado y despojo de tierras. Allí las víctimas han presentado en total 573 solicitudes y la Unidad ha radicado 60 demandas ante los jueces de restitución”.