Por Oscar Medina Gómez

En Colombia ser urbanizador pirata es, por decir, una profesión. El país está lleno de casos donde corruptos politiqueros disfrazados de mecenas de los pobres y redentores de los desposeídos, han engañado y siguen engañando a la gente prometiéndoles lotes con servicios, apartamentos y casas de interés social. Hasta lujosos condominios ofrecen. Los delincuentes operan en La Guajira, Chocó, Casanare, Amazonas, Antioquia, Meta, Cundinamarca, Nariño… no tienen límites. Juegan con los sueños y anhelos de los que no tienen más que ganas de seguir viviendo y no dejarse morir de hambre.

Los politiqueros actúan en cualquier momento y lugar. Pero la oportunidad perfecta es cuando se avecinan cargos de elección popular. Entiéndase para elegir gobernadores, alcaldes, senadores, representantes a la cámara, diputados, concejales. Terreno abonado para que los piratas y sus bandolas delincuenciales entren en acción. Montan toda una estructura delictiva no sólo para robarle el dinero a los incautos y papanatas que les creen, sino para pescar sus votos.

Con maquetas, planos, videos, oficinas de atención a los “beneficiarios”, visitas reales al terreno, censos de núcleos familiares, charlas afectuosas con los políticos y toda suerte de artimañas, convencen a la gente de que para tener vivienda propia sólo es separar el cupo con 2, 5, 10 millones de pesos. Pagaderos en módicas cuotas…

Como condición indiscutible, los politiqueros bribones que aspiran a ser electos, le exigen a su clientela, eso sí, que tienen que votar por ellos. Voto no sólo del beneficiario titular sino de su mujer y los familiares que tengan edad para sufragar. Amenazan a sus víctimas diciéndoles, además, que disponen de mecanismos efectivos para detectar y saber quién lo hizo y quién no. De lo contrario no habrá vivienda. Por supuesto la gente, en sumisa obediencia y aberrante disciplina acepta el trato, votando por su redentor. ¡La más crasa ignorancia del pueblo en su expresión suprema!

Casanare tiene incontables ejemplos de que el negocio es lucrativo, política y económicamente. Si no que lo digan comprobados casos de proyectos de urbanizaciones que terminaron siendo fantasmales, o construyéndose a medias o que jamás contaron con los tramites ni permisos legales. Proyectos, claro, promovidos por personajes públicos de reconocida trayectoria política, nombre y actuar como John Jairo Torres, Nelson Ricardo Mariño, Wilman Enrique Celemín, Manuel Enrique Albarracín, Nelson Figueroa…son muchos más.

Todos los anteriores fueron alcaldes, diputados, concejales. Todos siguen inmersos en sendas investigaciones de carácter penal, fiscal y disciplinario por sus bellaquerías cuando tuvieron el poder y los recursos públicos. Cosa que no les preocupa mucho dada la laxitud acomodaticia de nuestro perverso aparato judicial. Y todos, a no dudar, tienen su vida económica asegurada por muchas generaciones venideras. Con lujos, placeres y derroche a montón. ¡No les duele una muela!

A ninguno le preocupa, por ejemplo, que no tiene el dinero para pagar mañana el arriendo del apestoso cuarto donde vive apretujado con su mujer y sus tres hijos. O que no le alcanza su miserable sueldo de jornalero: o paga el arriendo del inquilinato o compra el arroz, las papas y el gajo de carne de quinta para medio comer. O que le faltan los pesos para comprarle el frasco de remedio para aliviar la fiebre y el vómito que destruyen a su hijo desde hace días. O que nadie le presta plata para comprar los uniformes y útiles escolares de sus pequeños.

Lujos, placeres y derroche a montón que jamás tendrán los miles de zoquetes y borricos que dieron el voto por sus ídolos y héroes urbanizadores. A esa masa de menesterosos y suplicantes, que cayeron en las garras de los corruptos urbanizadores ilegales, no les queda otra alternativa que seguir poniéndole la cara al sol y el pecho a la brisa. En la búsqueda diaria no sólo del pan sino de un techo digno dónde dormir con sus familias sin que los moje la lluvia o los congele el frío.

Jorge Prieto Riveros, el actual “honorable” senador de la Alianza Verde, parece que no se escapa a la piratería de vivienda. Envuelto en sonados y publicitados casos de sábanas calientes por demandas penales de furiosas féminas, en los que le han condenado por paternidad responsable, está hoy acusado por el abogado Lenin Bustos de vender lotes sin servicios y captar dineros al amparo y promesa de una supuesta ciudadela o urbanización llamada “Villas del Dorado”.

En este lío -del que también es protagonista doña Julieta Vargas, la mujer del senador Prieto, puesto que es en uno de sus promedios donde se desarrollaría “Villas del Dorado”- estarían en riesgo de perderse cuantiosos recursos de decenas de familias que creyeron en ese plan de vivienda. Se prometían 300 soluciones habitacionales que dizque contarían con subsidios del orden nacional y departamental.

La Oficina de Planeación de la Alcaldía de Yopal dice no tener ni idea del tal proyecto. Es decir, no hay presentación del mismo, ni estudios ni permisos legales, ni aprobación. ¡Nada de nada! Lo que quiere decir, entiende uno, que el proyecto “Villas del Dorado” es ilegal, indebido, irregular. Mejor dicho ¡pirata!

Jorge Prieto y Julieta Vargas, tendrán que responderle a la gente. Los furiosos damnificados hablan de que de buena fe entregaron una cuota inicial de 7 millones de pesos para poder tener su soñada vivienda. Ahora ya no quieren nada. Sólo exigen que se les devuelva su dinero.

El senador y su mujer guardan silencio. De pronto confían en que Leonardo Puentes Vargas –Leíto- el actual alcalde de Yopal, también del Partido Alianza Verde y sobrino de doña Julieta-, les pueda enderezar, por lo menos, el follón de la ilegalidad de “Villas del Dorado”. ¡O si no para qué son los parientes alcaldes carajo!

Jorge Prieto -que se autorotula como “ambientalista defensor acérrimo del agua” y “honesto defensor del campo”, aspira a ser reelecto como Senador de la República por los verdes. Hagan ustedes, queridos lectores, sus propias cuentas. Digo yo.

*Periodista



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