Por Oscar Medina Gómez*

Sí. Ahí está. En un primer fallo el Ministerio del Trabajo se acaba de pronunciar: sancionar con 75 millones de pesos a la Contraloría Departamental de Casanare por no contar, desde el 2008, con un Programa de Vigilancia Epidemiológica de Riesgo Psicosocial, contraviniendo el Sistema General de Riesgos Laborales. Queda claro: la sanción no es por acoso laboral.

Sin embargo, alegando acoso laboral, en diciembre de 2016 Ángela Sofía Vargas Beltrán, ex-funcionaria de la Contraloría, fue la demandante. Lo hizo porque, según ella, el Comité de Convivencia Laboral de ese organismo de control fiscal no atendió sus quejas oportunamente, engavetó el caso y sus miembros estaban aliados con el Contralor José Antonio Ortega Santos, para que sus reclamos no prosperaran.

“Ante la negativa de varios intentos para que me aceptaran una renuncia motivada, en razón al acoso de que era víctima, en febrero de 2018 tuve que pasar mi renuncia voluntaria y espontáneamente. En la Contraloría me enfermé física y mentalmente. Baje dramáticamente de peso. Presenté altos niveles de stress, ansiedad, depresión, nervios, trastornos de sueño. De hecho estuve internada varias semanas en una clínica psiquiátrica”… Esto y más es lo que cuenta Ángela Sofía.

Cuando llegó el nuevo contralor, Ángela Sofía venia de ser la persona de mayor confianza personal y profesional de Carmenza Motta, la anterior contralora. Inseparables, las dos iban y venían a diversos eventos oficiales y sociales programados por esa y otras entidades. Ya en Casanare, en el país o fuera del país. Protocolo, relaciones públicas, manejo de agenda, medios de comunicación... Entendible –dirán- el porqué de la estrecha cercanía entre las dos.

Con José Antonio Ortega la cosa cambió radicalmente. El rol laboral de Ángela Sofía –digamos, donde la etiqueta y el glamour no faltaban- desapareció. Ella simplemente ocupó un cubículo. Un puesto de trabajo. Tenía que cumplir horarios, presentar informes, redactar comunicados, acercarse más a los medios, estar pendiente de la Oficina de Participación Ciudadana. Pasó a ser otra más dentro de la nómina. También entendible: cada torero llega con su cuadrilla a la plaza. Como consecuencia, la relación entre ella y el Contralor Ortega se empezó a deteriorar.

Un dato: el 26 de octubre de 2016 José Antonio y Ángela Sofía protagonizaron un hecho que agravó el distanciamiento entre jefe y subalterna. En su despacho -cuando conversaban sobre una auditoría que en ese momento hacía la entidad la Auditoria General de la Nación- el Contralor la pilló grabando la conversación ¡Sin su consentimiento! De inmediato Ortega le reclamó muy ofendido y ella abandonó presurosa la oficina. El celular –que era el de dotación de Ángela Sofía- donde se grababa la conversación, fue puesto a disposición de la Fiscalía y la Procuraduría para la investigación del caso. A hoy aún no hay resultados.

En esta historia podría estar involucrado otro personaje de cuatro en conducta: Camilo Abril Tarache, ex Representante a la Cámara y ex-alcalde de Paz de Ariporo. Por posibles actuaciones irregulares cuando fue alcalde (2008-2011) –exactamente por un convenio por 143 millones de pesos con la Fundación Cultural Sabana para las fiestas de la Virgen de Manare-, en 2015 la Contralora Carmenza Motta le emprendió una investigación, por eventuales irregularidades en el manejo de los recursos públicos.

En 2016 se posesiona José Antonio Ortega Santos como Contralor Departamental y retoma esa investigación. Como medida cautelar el 6 de septiembre de 2018, dentro de un proceso de responsabilidad fiscal, decide embargarle las cuentas bancarias a Abril Tarache. Un par de meses después la seccional del Ministerio del Trabajo en Casanare vincula formalmente a la Contraloría Departamental en la investigación por el caso de Ángela Sofía Vargas Beltrán, dándole celeridad al asunto. ¡Oh coincidencia!

En el mundillo politiquero un secreto a voces es que Melquisedec Tejada Jiménez -actual Director Territorial del Ministerio del Trabajo y quien firma la sanción económica contra la Contraloría- es cuota de Abril Tarache… Exacto: el funcionario le estaría obedeciendo a su jefe, quien a manera de venganza se está sacando el clavo por el caso del congelamiento de sus cuentas bancarias. Importante: esas investigaciones contra el ahora de nuevo candidato a la alcaldía de Paz de Ariporo están en curso. Es más: hoy la Contraloría le adelanta procesos de responsabilidad fiscal que fácilmente suman 300 millones de pesos.

El recurso de apelación en segunda instancia -al que acudirá el Contralor antes del 14 de junio entrante- decidirá el caso. Caso que debe resolverse finalmente por Bogotá y no por Yopal, en razón a una posible “contaminación” del mismo. O absuelven a la Contraloría o confirman la sanción. Si se confirma, esos 75 millones los tendrá que pagar a la Nación la Contraloría Departamental. Luego, ésta podrá emprender una acción de repetición contra los 3 contralores que, desde el 2008, tenían la obligación de montar el Programa de Vigilancia Epidemiológica de Riesgo Psicosocial: Rafael Alberto Peña (2008-2011), Carmenza Motta (2012-2015) y José Antonio Ortega Santos (2016-2017). El pago se lo repartirían proporcionalmente. A Peña y a Motta les tocaría pagar bastantes millones más de sanción que a Ortega. Ese Programa tenía que implementarse a nivel nacional en empresas públicas y privadas desde enero de 2008. Y Ortega, a raíz de la demanda, lo empezó a aplicar integralmente desde mediados de 2017.

Una pregunta: ¿Para qué desde la Dirección Territorial de Casanare del Ministerio del Trabajo, siguen llamando con insistencia al Contralor Ortega?

Ni el mismo Asesor Jurídico de la Contraloría Departamental, quien ha recibido las llamadas, lo sabe. De pronto es para… conversar. Simplemente para eso. Digo yo.

*Periodista

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