Al término de la audiencia, programada ayer para las 3:30 de la tarde, en la Sala 1B del Palacio de Justicia, en el proceso que lleva el Juez Tercero Penal del Circuito contra Jhon Jairo Torres Torres, alcalde Yopal, por urbanización ilegal; su abogado Isnardo Gómez Urquijo afirmó que será la Corte Suprema de Justicia la que resuelva el cambio de radicación que solicitaron.

“El cambio de radicación lo contempla ley porque es fundamental, el Legislador lo ha creado para garantizar las administraciones de justicia, y el mismo señor juez ha dado un concepto favorable al cambio de radicación, por la situación política de Yopal, la condición de alcalde y el electorado mismo”, argumentó.

El abogado de Torres Torres dijo que entre los argumentos que sustenta la solicitud, está la problemática publicada ampliamente en los medios de comunicación, por las denuncias entre jueces y abogados por corrupción, lo que considera que en una administración de justicia tan pequeña no asegura garantías.

“La solicitud del cambio de radicación está en trámite, la Corte deberá definirlo”, agregó Gómez Urquijo al negar que se trate de una forma de dilatar el proceso, que los términos no son los que determinan la defensa, y que seguramente va a haber más días o meses sin que se lea la sentencia.

La audiencia inicialmente fue suspendida cuando el abogado defensor cuestionó la delegación por comisión de servicios del Fiscal 12, Fabio Ricardo Barón, en reemplazo de Janeth Liliana Quintero, quien venía atendiendo el proceso pero por atender otra diligencia no podía asistir.

Según el Abogado, el Fiscal debía estar delegado mediante Resolución firmada por el Fiscal General o en su defecto estableciera que éste autorizaba al Director Nacional de Fiscalías Especializadas Anticorrupción para efectuar dichas delegaciones. Así, en un terminó de 30 minutos el Fiscal allegó una Resolución con la cual el Juez le reconoció la presencia en la reunión.

Entonces, la audiencia retomó su curso e inició trámite a solicitud a cambio de radicación presentado al juez José Eduardo Angarita, el 02 de marzo de 2016, con la cual dicen buscar independencia e imparcialidad en la administración de justicia, y evitar que las decisiones del proceso afecten el orden público del Municipio.

Sin embargo, tanto Fiscalía como Procuraduría cuestionaron el tema de la imparcialidad de los jueces, al considerar que el juez José Eduardo Angarita es nuevo en el proceso, y que hasta el momento el desarrollo de las audiencias no ha generado afectaciones al orden público, por lo que no se puede decir que la audiencia de verificación de allanamiento, individualización de pena y lectura de sentencia vaya a alterar la seguridad.

El Ministerio Público criticó que cinco meses después de la audiencia de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento en un juzgado de Bogotá, no se ha surtido el objeto de la audiencia de lectura de fallo, mientras sí se han realizado otras que nada tienen que ver con el motivo principal; las cuales tampoco han afectado el orden público.

Y finalmente, el Juez Angarita manifestó que él tomó posesión el 7 de marzo de 2016, y que no está parcializado, sino que viene actuando conforme a la ley y confirmó que será la sala Penal Judicial de la Corte Suprema de Justicia la que resuelva la solicitud del cambio de radicación, para lo cual procede a hacer la remisión.