“Es posible que termine esta administración y tampoco reubiquen a las familias de la invasión de Mi Nueva Esperanza de Yopal, ubicado en la ronda del caño Usívar” vaticinó el vocero de esa comunidad, Javier Pérez, al señalar que siguen las maniobras dilatorias por parte de la Administración Municipal como se ha venido dando desde el año 2016, cuando un Juez ordenó el perentorio traslado de cientos de familias.

Pérez indicó que durante el año  anterior se había asignado un lote por parte de la Alcaldía de Yopal, en la calle 43 con carrera 5 y con el fin de ayudar a acelerar el proceso, reunió a la comunidad y les propuso que dispusieran de la suma de 700 mil pesos para realizar el proceso de loteo; pagaron el dinero a un grupo de topógrafos, profesionales, se efectuó dicho plan de loteo, se radicó en el 2021 ante la Alcaldía de Yopal, pero luego de un análisis  de suelos se definió que el sitio no era apto para la instalación de servicios públicos, es decir según Javier Pérez se perdió el trabajo  y el dinero, situación que ahora lo mantiene en líos con la comunidad.

Sobre el particular, Pérez manifestó que en más de seis reuniones ya dio las correspondientes aclaraciones y afirmó que no fue él el que captó dichos recursos, sino que se hizo a través de una secretaría cuya dependencia fue abierta en la carrera 19 con calle 6 para que se hicieran los correspondientes pagos de forma voluntaria. Consideró que las discrepancias suscitadas al interior de la comunidad son normales.

Sobre la reubicación indicó que el municipio brindó una nueva alternativa en un predio de propiedad del IDRY, ubicado metros debajo de donde actualmente están.

Pérez señaló que han trascurrido seis años y aún no han sido reubicados por lo que emprenderán nuevas acciones judiciales para que se repare el daño que vienen sufriendo las familias al vivir de forma ilegal.