El trabajador de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, fue suspendido por tratos irrespetuosos a dos mujeres practicantes del SENA.
Se planteó que para el mes de junio podría estar listo cada uno de los terrenos con sus respectivos servicios públicos.
La Secretaría de Hacienda de Yopal modificó parcialmente la Resolución por la cual se establece el calendario tributario.
En la actividad tomó posesión la nueva Secretaria de Gobierno Municipal.
Mantenimiento a zonas exteriores con nuevas capas de pintura, entre la Secretaría de Educación Municipal, personal docente y la comunidad.
Funcionarios de de Salud Pública de la Alcaldía atribuyeron el olor, al parecer al vertimiento de mercaptano.
El nombramiento en la Secretaría de Gobierno generó sorpresa en algunos sectores que daban por seguro que, entre la actual Directora de la Casa de Justicia, Yuly Barón y la Gerente de Sayop, María Consuelo Carrillo, se decidiría el reemplazo de Archila.
La Administración Municipal resaltó la labor que Archila desempeñó durante quince meses.
Proyectos como el Plan Maestro de Alcantarillado y agua potable para los colegios de zona rural de Yopal con ayuda de plantas solares.
A 12 animales se les brindó atención médico veterinaria, desparasitación, vitaminización y a tres de ellos vacunación contra la Encefalitis Equina Venezolana EEV.
Por promover la conservación de los ecosistemas de las partes altas del municipio.
El plazo que se adoptará para la implementación y la legalización urbanísticamente de los asentamientos humanos, será de seis meses, cuya responsabilidad estará a cargo de la Oficina Asesora de Planeación.
El programa de la Secretaría de Educación de Yopal aspira a llegar a los 24 planteles educativos con sus 93 sedes en la capital de Casanare.
Por no realizar verificación de documentación que generó que la alcaldía suscribiera dos contratos con una persona que presentó documentos falsos para acreditar formación en derecho; título profesional de abogado y tarjeta profesional inexistentes.
Los indígenas sostienen que no regresarán a su comunidad ante los últimos hechos de violencia y la amenaza de ser entregados a la guerrilla.
Los lugares de residencia de esas personas ahora son debajo de los puentes, generando desordenes, peleas y convirtiendo esa infraestructura en letrinas públicas.
