Las exigencias económicas van desde 500 mil, hasta 15 millones de pesos, de acuerdo con la respuesta a la presión que ejercen sobre las familias de las víctimas.
En menos de diez días la Gobernación de Casanare y la Alcaldía de Yopal deberán disponer de una carceleta.
500 trajes protectores desechables, 1.000 mascarillas médicas y 15.000 tapabocas quirúrgicos, se entregarán a través de la embajada de Colombia en China.
Algunos emprenden camino, pero dejan abandonada ropa, desechos de comida y basuras generando desordenes y mal aspecto, justo a la entrada del municipio.
Madre e hija, de 34 y 4 años respectivamente, fueron evacuadas hasta el centro médico del municipio de Orocué hacia las 00:18 de esta madrugada.
Casanare llega al 83% de casos recuperados de Coronavirus.
El detenido tiene una sentencia condenatoria por violencia intrafamiliar y 3 registros por inasistencia alimentaria.
Para mitigar las necesidades de conectividad y continuar con las actividades académicas del primer semestre de manera remota.
Se tomarán nuevas medidas para el cumplimiento de lo establecido en la Circular Nº 015 de 2020, expedida por la Secretaría de Tránsito y Transporte.
Previa aplicación de pruebas PCR para detección de Covid-19 y en articulación con organismos de socorro, se garantizó el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos.
Entidades analizaron situación de seguridad de líderes sociales en Casanare. Autoridades enfrentarán los factores de riesgo buscando eliminar las amenazas y evitar la revictimización.
Comerciantes eran amenazados y obligados a pagar entre $150.000 y $200.000 pesos semanales para no ser agredidos en su integridad familiar ni personal.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca vinculó al departamento de Casanare en la medida que deben ejecutar varios Entes Territoriales y el Estado, para que se establezcan los protocolos del corredor humanitario.
Wilmer Poscue Suárez, el pasado 17 de mayo sufrió un grave accidente en inmediaciones del asentamiento Mi Nueva Esperanza en Yopal.
El protocolo para cada Colegio tendría un costo aproximado de 50 millones de pesos.
Aunque los hurtos de reses cada vez son más frecuentes, la gente no denuncia.
