Entre los resultados se destaca, la captura de un presunto subversivo del frente 28 de las “FARC”, y la captura de un hombre solicitado mediante orden judicial por hurto calificado y agravado.

El procedimiento fue realizado tras recibir la llamada de un informante que denuncio la presencia de un paquete extraño en el sitio, abandonado en horas de la tarde del martes. Luego de conocer el hecho, se procedió a realizar el desplazamiento de los uniformados al lugar quienes con ayuda de un canino entrenado en la ubicación de explosivos confirmó la presencia de elementos detonantes, en lo que las tropas procedieron a realizar la extracción del paquete en el que fueron hallados un radio base marca Kenwood una pistola Walter y un cable de un metro.

En desarrollo de operaciones militares efectuadas por la Décima Sexta Brigada, se ubicaron dos caletas, pertenecientes al frente José David Suárez Sepúlveda del ELN.

Los hechos que investiga un fiscal de Derechos Humanos ocurrieron el 27 de julio de 2002 en la vereda La Graciela, jurisdicción del municipio de Aguazul (Casanare), donde dos pescadores procedentes de Arauca fueron interceptados por paramilitares que los señalaron de trabajar para una empresa de fachada de la guerrilla.

Sobre las 9 de la noche, al parecer las víctimas molestaron con sus comentarios a una mujer que paso por el establecimiento donde consumían bebidas alcohólicas, hecho que molesto al acompañante de la mujer, quién regresó minutos después armado y disparó contra los hermanos.

Entre los resultados se destaca, la captura de un hombre solicitado por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, la captura de un integrante de la banda criminal “ERPAC” y un homicida.

En Casanare, el departamento con mayor número de desaparecidos por habitante -alrededor de 6.000-, empezaron a aparecer las primeras pistas de cómo fueron los despojos sistemáticos. VerdadAbierta.com viajó a la zona, habló con las víctimas y a través de sus historias se pudo conocer la magnitud del robo de tierras.

Dichas afirmaciones publicadas anoche en la sección “la cosa política” de Noticias RCN, generó reacciones de rechazo por parte de los candidatos y de la opinión pública regional en general.

90.000 pesos le habría costado a dos fiscales de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario comprar a un testigo que declaró en contra de integrantes del Gaula Casanare involucrados en el asesinato de dos civiles, bajo la modalidad denominadas como ‘falso positivo’, y que derivó en la condena a 32 años de cárcel que pesa sobre el mayor Gustavo Enrique Soto.

Estos nuevos policías tendrán como función apoyar el servicio policial mediante el desarrollo de actividades sociales y cívicas; relacionadas con el trabajo comunitario a través de estrategias educativas, recreativas, culturales y ecológicas. Así mismo cumplirán funciones de soporte en la regulación del tránsito, contribuyendo a la construcción de una cultura ciudadana.

Abril y el General Díaz insistieron en la importancia de la cooperación de la comunidad en la lucha en contra del terrorismo y la delincuencia, invitando a la población a proporcionar información a las autoridades que permita de forma contundente realizar acciones que favorezcan la captura y neutralización de los violentos y criminales en el departamento de Casanare.

Entre los resultados se destaca, la captura de un hombre solicitado por los delitos de “Tortura, Homicidio y Desaparición”, la captura de un extorsionista, un homicida por orden judicial y la captura del presunto homicida de un joven en las calles de Yopal.

La recuperación de un vehículo y la desactivación de artefactos explosivos arrojan como resultado las operaciones militares adelantadas por soldados de la Octava División del Ejército Nacional, desplegados en el departamento de Arauca.

Según lo establecido, Cocinero Costo, alcalde de Recetor para la época de los hechos, 2002 y primer semestre de 2003, suministraba, presuntamente, a integrantes de las autodefensas de alias ‘Martín Llanos’ listas de supuestos simpatizantes de la guerrilla. Esas personas eran citadas por los miembros del grupo armado ilegal que las retenían, las torturaban y las ultimaban.

El propietario del vehículo recuperado fue sido asesinado por los delincuentes, quienes tras cometer el hurto salieron del departamento de Casanare para evadir las autoridades y poner el automotor al servicio de los criminales.